El infierno de Guantánamo

Ilustración de Juan Pérez Gaudio

Estados Unidos tiene una base naval en la costa sudeste de Cuba, en la bahía de Guantánamo. Desde enero de 2002 –cuando llegaron los primeros 20 detenidos– el lugar funciona como la prisión de la “guerra contra el terrorismo”. Hoy alberga a 355 presos, acusados de ser “combatientes enemigos ilegales”. Un cerco de hormigón rodea el perímetro, separando la prisión del resto del mundo.

Durante seis años, el gobierno de George Bush reforzó el cerco con una combinación de mentiras y alambre de púas. En la isla, los presos viven en un régimen indeterminado de encierro sin juicio ni acusaciones sustentadas que hubiera sorprendido al propio Franz Kafka, uno de los escritores más importantes del siglo XX, quien reflejó magistralmente el concepto del laberinto en la novela El proceso,  cuyo protagonista es acusado de un crimen y no puede saber de qué lo acusan, ni cuándo se le juzgará.

Esos muros han servido para contener a los detenidos, pero fallaron a la hora de evitar que trascendiera lo que ocurre allí adentro: Los prisioneros que fueron liberados están comenzando a contar su historia. El turco-alemán Murat Kurnaz, publicará su libro Cinco años de mi vida. Un relato desde Guantánamo. Otro ex detenido, el británico Terek Dergoul, demandó a los servicios secretos de su país por entender que estos –que lo interrogaron varias veces mientras estuvo confinado– estaban al tanto de las torturas y vejaciones a las que fue sometido y no hicieron nada para impedirlas. 

“Terroristas”

La Casa Blanca asegura que los presos pertenecen a organizaciones terroristas que pretenden dañar a Estados Unidos. Por precaución los encierran, aunque en muchos casos las pruebas para determinar su culpabilidad “sean tan ridículas que cualquier tribunal las desestimaría”, según afirma Thomas Wilner, abogado de cuatro prisioneros, quien agrega que “la evidencia fundamental” contra uno de sus clientes “era que, al momento de ser capturado, usaba un reloj Casio que muchos terroristas usan”.

Pocas personas ajenas a la base pueden entrar. Entre ellos se encuentran el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), algunos expertos de la ONU y los abogados de los detenidos. Todos han solicitado el cierre inmediato de Guantánamo.

 Según un informe de la ONU, “el trato que reciben los prisioneros tiene efectos profundos en su salud mental”. Los encierran en celdas metálicas sin ventanas ni luz natural, donde padecen aislamiento extremo y privación sensorial. Son expuestos a bajas temperaturas, sometidos a técnicas violentas de interrogatorio, hostigados cultural y religiosamente. Les impiden comunicarse con sus familias; los mantienen estresados “por el carácter indeterminado de la detención”, sin juzgarlos ni permitirles demostrar su inocencia. Las consecuencias que la ONU ha constatado varían desde lesiones auto infligidas hasta huelgas de hambre y tentativas de suicidio. Según Associated Press, cuatro detenidos se han quitado la vida este año porque los guardias interrumpían sistemáticamente sus oraciones.  

La política del miedo

El 20 de julio, Washington publicó una orden ejecutiva sobre la interpretación de la Convención de Ginebra en el marco de las detenciones e interrogatorios que realiza la CIA.  En el decreto 13.440 se establece que los supuestos miembros de Al Qaeda y partidarios del régimen Talibán no son combatientes regulares, por lo que no se encuentran bajo la protección de la Convención de Ginebra. Sin embargo, el texto alienta la aplicación del artículo tres de dicha convención, que prohíbe cualquier forma de tortura. Estados Unidos, entonces, aparenta mantener su papel de garante de las libertades individuales. A continuación y a pesar de esto, el decreto prosigue aprobando un manual de interrogatorios para la CIA que, por su carácter confidencial, nunca fue publicado.

El CICR sabe lo que ocurre en Guantánamo, pero no puede hacerlo público. Según la periodista Jane Mayer, del New Yorker, quien asegura tener acceso al informe del CICR, existe un “programa detallado de maltratos, controlado de arriba abajo, autorizado por la Casa Blanca y desarrollado por la CIA”. El periodista norteamericano Nat Hentoff se animó a imaginar un posible desenlace: “Si se llegara a crear un tribunal internacional como el de Nüremberg y nos condena a nosotros, el pueblo, por nuestra complicidad y silencio ante esos crímenes de guerra, siempre podremos imitar a los alemanes que afirmaban no saber lo que Hitler estaba haciendo”.

 “Detener sin cargos a cientos de hombres es una debacle legal y política de proporciones históricas”, dijo Kenneth Roth, director ejecutivo de la ONG Human Rights Watch. Nat Hentoff advirtió a los norteamericanos: “Nosotros tenemos el derecho y la fuerza para insistir en que el Congreso  revele los detalles de las torturas y demás brutalidades que la CIA, en nuestro nombre, ha estado infligiendo a sospechosos de terrorismo”. 

 Juan Ignacio D’Alessandro

 

   

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